El anuncio de regular las tasas de intercambio en pagos por tarjeta demuestra que si hay voluntad se pueden regular también las comisiones bancarias que pagan los consumidores, por lo que ADICAE reitera su propuesta de legislación específica al respecto.
La regulación anunciada por el Consejo de Ministros en relación a los pagos con tarjeta constituye una medida atrevida (pues supone intervenir en el mercado limitando legalmente los importes aplicables por la banca a determinadas operaciones) que una vez más deja a los consumidores “a los pies de los caballos”.
Pese a lo confuso de algunas informaciones, que pudieran hacer pensar a muchos consumidores que la medida limita los costes que asumen en los pagos con tarjeta, en la práctica sólo regula los costes que las entidades financieras se aplican entre sí en cada operación de pago, y genera el riesgo de que la bajada de esas tasas se repercuta a los consumidores sin que exista garantía alguna de que los precios de los bienes y servicios que ofrece el comercio se reduzcan, tal y como ya sucedió en España en el período 2005-2010 y como se puede comprobar en este estudio: http://bit.ly/1dUpdpx.
Con la misma, España se adelanta a un proyecto de Reglamento de la Comisión Europea aún no aprobado y pendiente de debate en el Consejo Europeo y de negociación a tres entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el propio Consejo, respecto de la que ADICAE ha trasladado tanto a las instituciones europeas como españolas su preocupación.
Este adelanto es especialmente llamativo teniendo en cuenta que España lidera la falta de transparencia y opacidad en materia de comisiones bancarias, según recientes informes de la Comisión Europea, así como los resultados de la única experiencia pseudo-regulatoria en la materia en toda Europa, por la que bajo el auspicio del Ministerio de Industria en 2005 se acordó reducir las tasas de intercambio progresivamente.
Esta experiencia puso de manifiesto que la medida no sólo no beneficiaba a los consumidores (que no experimentaron ninguna reducción de precios por parte del comercio), sino que por el contrario sufrieron un incremento de las comisiones aplicadas por la banca a la tenencia y uso de tarjetas a modo de estrategia para compensar la reducción de ingresos que el sector afrontó con la reducción de los costes que aplicaba a los comerciantes.
De esta forma la reducción (cuyo espíritu era el de reducir costes a los comerciantes para que pudieran trasladar los ahorros a los consumidores a través de precios más bajos) tuvo los efectos opuestos sobre los consumidores, que vieron aumentar más de un 50% el coste de sus tarjetas sin que el comercio haya trasladado ahorro alguno a los consumidores (durante este período los precios subieron hasta un 25% más que en la zona euro). Esto demuestra la existencia de riesgos evidentes para los consumidores, riesgos que deben ser previstos y abordados en cualquier regulación como la planteada.
Aquella bajada equivalió al 1,22% de las ventas del comercio español, cuyos precios subieron en cambio un 25% más que en la Eurozona, mientras que los precios de los servicios financieros subieron en España un 27%, casi cinco veces más que en toda la Eurozona, donde apenas se encarecieron desde el 2005 un 5,8%.
ADICAE considera esta norma incompleta y parcial, puesto que se limita a regular sólo una parte de la operativa con tarjetas (el coste que los bancos se aplican entre sí) pretendiendo así reducir las tasas de descuento (el coste que el banco aplica al comerciante por cada cobro que realiza mediante tarjeta), pero sin establecer mecanismos ni medida alguna en beneficio de los consumidores.
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