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ADICAE valora la votación de la Eurocámara y pide a Parlamento y Consejo que eviten las muchas consecuencias negativas sobre los consumidores. La bajada de tasas favorecerá al gran comercio y a la banca, no a los consumidores ni a los pequeños comerciantes, quienes sufrirían subidas de comisiones. ADICAE expresa su preocupación por el impacto negativo de la nueva experiencia en España, como ya sucedió desde 2006 a 2011.

La comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara respaldó ayer jueves imponer topes a las tasas de intercambio por pagos con tarjeta, hasta situarlas en un máximo del 0,3% del valor de la transacción para las de crédito y en siete céntimos o el 0,2% del valor de la transacción, lo que sea menor, para las de débito.

Para ADICAE esta reducción corre el riesgo de derivar en perjuicios para los consumidores, ya que las evidencias empíricas españolas y en otros países demuestran que no acompañar tales reducciones con la regulación de los costes repercutidos en los consumidores o de garantías de garantías de que la bajada se traduce en menores precios para los usuarios, perjudica muy negativamente a los consumidores, puesto que los bancos compensan sus ingresos mediante subidas en las diversas comisiones de las tarjetas y en los tipos de interés.

Otras medidas aprobadas podrían ser incluso más perjudiciales para los consumidores, como la creación de “multitarjetas” que, en un sólo instrumento y plástico, incorporan múltiples opciones de tipo de pago (débito, crédito, monedero….) y múltiples proveedores o sistemas a elegir en cada una de las operaciones que se realicen. La proliferación de esos artículos podría acabar por añadir dificultades y retrasos al pago con tarjeta, restándoles atractivo y pudiendo generar situaciones de confusión que perjudicarían negativamente a los consumidores, por lo que el Consejo Europeo o el pleno del Parlamento deberían evitar estas y otras medidas tan negativas al consumo.

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Liberbank, Banco Popular, Banco Sabadell Herrero, Banco Pastor, Caja Rural de Asturias y Caja Rural de Gijón son las entidades sancionadas por comercializar hipotecas que incluyen la abusiva cláusula suelo.

Liberbank, Banco Popular, Banco Sabadell Herrero, Banco Pastor, Caja Rural de Asturias y Caja Rural de Gijón son los seis bancos sobre los que el Principado de Asturias ha abierto 17 expedientes sancionadores por incluir la cláusula suelo en sus contratos hipotecarios. Las entidades se enfrentan a multas de entre 3.600 y 18.000 euros por cada contrato en caso de que no anulen la cláusula y devuelvan las cantidades cobradas de más a los consumidores. Si, tras la multa, la entidad sigue aplicando esta cláusula incurriría en una nueva sanción de hasta 400.000 euros.

El Principado de Asturias es la primera Comunidad Autónoma que ejerce estas medidas disciplinarias contra las entidades bancarias. En Asturias son 30.000 las familias afectadas por la cláusula suelo, pero en el conjunto de España perjudica a cuatro millones y supone para los hipotecados pagar unos 200 euros más cada mes de cuota hipotecaria. En mayo de 2013, el Tribunal Supremo consideró dichas cláusulas como abusivas en caso de opacidad en la comercialización y condenó a BBVA, Cajamar y Novacaixagalicia a eliminarlas de sus contratos hipotecarios, pero no a devolver el dinero, tal y como exige ADICAE en sus demandas. Nuestra asociación ya ha ganado 17 sentencias por cláusula suelo, la mayoría con la devolución total del dinero cobrado en exceso.

ADICAE aboga porque las administraciones de consumo públicas empiecen a multar a la banca por los abusos a los consumidores, aunque desde la asociación se considera que no hay que esperar a que acuda cada consumidor de manera individual a denunciar para resolver un problema que afecta a millones de consumidores, sino que, debido al carácter masivo del abuso, se debe intentar adoptar una medida colectiva que ayude a evitar este tipo de atropellos a los hipotecados.

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Cada vez son más los consumidores que se encuentran con facturas de la luz desproporcionadas. Más allá de los vaivenes en la política energética y de los abusos que hacen de su posición oligopólica las grandes compañías, estas facturas tan elevadas pueden deberse a un problema del contador o a un error de facturación. ¿Qué hay que hacer en estos casos?

Al margen de las subidas en el término fijo (en el término de potencia) de la factura de luz, que están siendo frecuentes tras la última reforma del sector eléctrico, el término variable (los kilovatios consumidos) pueden ser erróneos si el contador no funciona correctamente. La mayoría de los contadores de luz superan los 15 años y están más que amortizados pero a pesar de ello las eléctricas ni han hecho las revisiones oportunas de los mismos ni se han preocupado en mucho tiempo de su sustitución en los casos necesarios.

¿Cómo detectarlo?

Cuando vemos que en la factura aparece un consumo (Kilovatios consumidos) muy elevado en proporción al mismo periodo de años anteriores podemos realizar las siguiente comprobaciones. En primer lugar, comprobaremos la cifra real que aparece en el contador al que deben facilitarnos el acceso en nuestra comunidad de propietarios. Podemos solicitar la llave del cuarto de contadores al presidente o al administrador. Actualmente, las lecturas son reales y se deben realizar por las compañías cada dos meses por lo que en caso de que la cifra no coincida podría tratarse de un error del técnico que hizo la lectura. En ese caso, contactaremos con la compañía para que refacturen de acuerdo a la cifra real y nos reintegren la parte cobrada de más.

Si la cifra coincide con la que aparece en la factura podemos hacer la comprobación de apagar todos los aparactos eléctricos de nuestra vivienda y comprobar que los Kilovatios dejan de contar, si no es así deberíamos contactar cuanto antes con nuestra compañía para que revisara el motivo de este error en el contador. No son infrecuentes los casos de errores en los contadores y en las conexiones  y podríamos estar pagando el consumo de otra vivienda.

Revisar el contador puede tener coste

La compañía tiene obligación de revisar el contador y no puede cobrar por ello al consumidor si efectivamente existe un error. Si se comprueba y el técnico no ve error, entonces sí pueden cobrar por esta comprobación por lo que es importante primero haber realizado las anteriores comprobaciones. Las compañías, que cobran mensualmente los alquileres de los contadores, la gran mayoría más que amortizados, deberían realizar periódicamente estas revisiones y sustituciones en plazo, lo que en pocas veces se ha cumplido por estas empresas sin tener ninguna consecuencia para ellas esta falta de cumplimiento.

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La friolera de 128. Una cada tres días. Éste es el ritmo de elefante de cumplimiento de las resoluciones de la CNMV favorables a reclamaciones de los consumidores españoles a lo largo del año 2012, prueba inequívoca de que se hace indispensable un sistema supervisor y sancionador eficaz y sensible con los usuarios. La CNMV emitió en 2012 un total de 2.206 informes favorables a ahorradores reclamantes; sólo el 5% fueron escuchados por la banca.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores contabiliza que las reclamaciones recibidas en 2012 ascendieron a 10.900, «lo que supuso más que quintuplicar las del año precedente». Las reclamaciones tramitadas por los servicios de la CNMV alcanzaron las 5.724, «un 137% más que en 2011» y de ellas las resueltas, que implicaron un análisis de las cuestiones planteadas y, en su caso, la emisión de un informe motivado, fueron 3.400. «El elevado volumen de nuevas reclamaciones provocó que a final del ejercicio quedaran pendientes de tramitar 6.393 reclamaciones», dice el supervisor.

Que, en su memoria de actividades del año 2012, dibuja el mismo panorama preocupante para los consumidores que se viene observando durante todos los años anteriores. La memoria del Banco de España ya reflejaba ritmo ralentizado de resolución de reclamaciones, y los servicios de Reclamaciones de la CNMV no escapan a este fenómeno. Las reclamaciones resueltas con informe favorable al reclamante fueron 2.206, «representando el 38,5% de las reclamaciones tramitadas y un 64, 9% sobre las resueltas», esto es, ya dos tercios de las reclamaciones se quedan en mitad del trámite de la CNMV.

Pero el dato más preocupante es el siguiente. En el ejercicio 2012, sigue el supervisor, de las 2.206 reclamaciones que se resolvieron con informe favorable al reclamante, las entidades comunicaron la rectificación de su actuación según los criterios señalados sólo en 128 casos (el 5,1%). En el resto de los casos, la entidad comunicó que no rectificaba en 506 ocasiones (22,9%) y en 1572 ocasiones (71,2%) no se realizó comunicación al respecto a la CNMV.

Esto es, la banca hace oídos sordos sistemáticamente a las resoluciones de la CNMV, como hace lo propio con las que le deriva el Banco de España. La CNMV considera que una actuación incorrecta ha sido rectificada «cuando la entidad acepta los criterios manifestados por la CNMV en su informe y adopta medidas para evitar que esa actuación incorrecta se repita en el futuro o cuando lleva a cabo la correspondiente compensación económica al reclamante».

Apenas 128 rectificaciones, frente a 2.206 informes favorables, y 10.900 reclamaciones presentadas. Un auténtico atropello a los derechos de los usuarios que hace imprescindible una completa reformulación de los cauces de queja que tienen a su disposición los ciudadanos para dirimir sus conflictos con las entidades financieras. En este caso, los ahorradores son los sufridores, y la práctica totalidad de las reclamaciones se presentaron contra bancos y cajas de ahorros. «A dichas entidades se dirigió el 97,5% de las reclamaciones resueltas en 2012», dice la CNMV.

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Un consumidor puede llegar a pagar hasta 567,8 euros al año por las comisiones bancarias. Esta herramienta online permite comparar entre 351 comisiones en tres sencillos pasos.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la reducción de créditos, las entidades bancarias han buscado nuevas fórmulas para aumentar su beneficio. La solución ha sido aumentar el cobro de comisiones a sus clientes de manera desproporcionada y con la connivencia del Banco de España, más preocupado por los problemas de liquidez de la banca que de los usuarios.

Actualmente un consumidor puede llegar a pagar hasta 567,8 euros al año por las comisiones bancarias, generadas por los productos y operaciones más habituales (cuentas corrientes, libretas de ahorro, tarjetas, transferencias, etc.), tal y como ya publicó esta asociación en un estudio sobre comisiones bancarias.

Ante esta situación, que ADICAE viene denunciando desde hace años y frente a la que ha trasladado diversas propuestas para regular un campo en el que impera una auténtica «ley de la selva», la Asociación lanza el “Comparador de comisiones”, una nueva herramienta online, que ayuda al usuario a conocer los productos financieros de más de 40 bancos y compararlos entre sí, para elegir la opción que menos dañe a su economía. Sólo hay que seleccionar el tipo de comisión por producto y automáticamente será comparado con más de 350 comisiones bancarias entre la que el usuario podrá seleccionar la que más le interese económicamente para analizarla con detalle.

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