La primera mesa redonda de estas jornadas de resolución extrajudicial de consumo ha servido para lanzar un balance crítico sobre el arbitraje de consumo, cuya conclusión se basa en que el arbitraje funciona, pero tiene elementos de distorsión que atentan contra su eficacia y lo limitan; fundamentalmente la cuestión de la adhesión voluntaria de las empresas.
El coordinador de Relaciones Institucionales de ADICAE, Fernando Herrero, moderaba esta mesa lanzando una pregunta concreta: «ADICAE es un gran defensor del arbitraje, y por eso hay que hacer un análisis crítico. ¿Sirve el esquema actual para una realidad que ha cambiado de manera determinante? Las cuestiones relativas a la contratación en masa son claves para hoy. Por eso la respuesta para problemas colectivos es una cuestión fundamental». Y, dentro de ello, Herrero lanzaba la cuestión fundamental sobre la que ha girado la mesa: «Las adhesiones parciales de las grandes compañías», ese carácter voluntario del arbitraje que permite a las empresas adherirse al arbitraje si quieren, «deben ser revisadas».
Límites de cuantía, de asuntos o incluso territoriales forman parte del «elemento de voluntariedad» que parece clave en el sistema arbitral español, aspectos que permiten a las empresas evitar aquellos conflictos más habituales o más abusivos con los usuarios y que, incluso, recuerda Herrero, podrían ir contra las leyes de unidad de mercado. «¿No podría retocarse este criterio?» Se pregunta Fernando Herrero. En una primera respuesta, el árbitro representante de los consumidores Pablo de la Fuente lo tiene bastante claro: «Habría mucho que discutir». «Habría que suprimir todos aquellos supuestos en los que se vacíe de contenido el arbitraje. Y habría que legislar para incluir la obligación de adherirse al arbitraje por completo a todas aquellas empresas que hayan recibido ayudas públicas».
El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, lanzaba también una solución plausible en el turno de preguntas, aludiendo a la tendencia que parece que marca la Unión Europea. A lo que se irá será a un sistema «que incluya a los mecanismos arbitrales y a los supervisores, el Banco de España y la CNMV». Parte de una disposición de la normativa europea sobre ADR: «Todo sistema reconocido por la UE tendrá que alcanzar a todos los asuntos», lo que deberá estar por encima del concepto de la voluntariedad al que se circunscribe el arbitraje; unir árbitros y supervisores sería una solución para ello, «que además es lo que parece insinuar la UE».
El arbitraje es hasta cinco veces más barato que el juzgado
La mesa ha reunido a Joaquín Revuelta, presidente del Consejo Económico y Social de Sevilla y árbitro de consumo en esa provincia: «Debemos actuar de otra forma, y con otro ánimo. El sistema arbitral está al borde del colapso, y es verdad que tenemos que ahorrar en la administración, y adaptarnos a la realidad económica. Pero si no entendemos que hay que garantizar la generación de confianza entre los consumidores, esa recuperación del mercado no va a existir». Revuelta cuenta con anécdotas de su actividad en arbitrajes cómo los plazos se dilatan, a veces de manera torticera por las empresas, y cómo afecta la voluntariedad de las adhesiones a la propia dinámica del proceso.
En parecidos términos se ha expresado Rodolfo Gómez, secretario general de la Junta Arbitral de Madrid, que reconoce un fuerte «desánimo de aquellos que estamos en la protección del consumidor». Sin embargo, hay un elemento fundamental que deberá empujar hacia su reforzamiento: «Nuestros laudos son ejecutables, son como una sentencia, somos complementarios y alternativos, y debemos ser más rápidos, eficaces y económicos. Pero lo que nos cuesta resolver un caso está en unos 140 euros, mientras que en un juzgado está entre 700 y mil euros. Los juzgados tienen un coste mucho mayor. El procedimiento arbitral es mucho más simplificado, más barato, y tenemos el mismo resultado».
Se ha referido Gómez a la «sensación de desprotección» que está instalada entre los consumidores, la mayoría son pequeños casos, «pero el arbitraje es el de los pequeños casos, y muchos pequeños casos, que nos permiten un gran ahorro». Por eso acaba con una recomendación: «No renuncie usted a reclamar, aunque sea por diez euros, porque estamos consiguiendo resoluciones en menos de un mes. Ante la crisis y el desánimo, las cosas se pueden hacer de otra manera, sin gastarse mucho, y tirar del carro de los consumidores y llevar la iniciativa».
