El Fiscal jefe de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, José María de Paz, confirma que casos como las participaciones preferentes o las cláusulas suelo pueden tener indicio de falta penal, «algo que estamos analizando». Reconoce el fiscal falta de medios y herramientas normativas aún no desarrolladas del todo, pero «somos garantes del derecho y tenemos la voluntad de frenar los abusos» porque «las empresas fuertes, sea cual sea el sector, tienden a abusar».
Recuerda De Paz que desde 2002, «empezamos a empezar a caminar en la cuestión de la acción colectiva. Nos falta plantilla, somos diez en plantilla y despachamos seis millones de asuntos». Pero, a su juicio, el problema es más procedimental: «Si difícil es el proceso de las acciones colectivas, más difícil es su ejecución. Hay obstáculos, sobre todo grandes despachos de abogados de las grandes compañías». Pero los diversos desarrollos y reformas legislativas facultan y legitiman a los fiscales para entrar en acciones colectivas y defensa de los derechos de los consumidores.
«Nosotros hemos puesto toda la voluntad en las acciones colectivas, pero el consumidor está todavía totalmente desprotegido y se incumple el artículo 51 de la Constitución. Se habla de cláusulas suelo, se habla de preferentes… Se está viendo algo de estafa estructural. Si yo veo, como consejero de una entidad bancaria, que mi balance está falsificado y no va a haber rendimiento con las preferentes, puede haber una estafa estructural, pero es una vía sobre la que nos estamos guardando reservas. A ver la naturaleza de lo que se nos viene, porque puede ser civil, acción colectiva, o derivar en alguna acción penal», señala el Fiscal Jefe.
Porque, confiesa, «nos faltan herramientas. Antes se discutía la legitimación del Fiscal, pero desde este año ya está claramente mencionado que podemos actuar en materia de defensa de los consumidores. Ello ha supuesto un avance en esta lucha titánica de fiscales y asociaciones de consumidores». Pero, por desgracia, «no nos han dado ampliación de plantilla, y nos tenemos que enfrentar al trabajo anterior, que no nos ha sido relevado, y a estos grandes asuntos».
A pesar de todas estas legitimaciones y de la mención a la acción colectiva que sí hay, sigue habiendo problemas procesales, «configuración de un proceso que está disperso en la Ley de Enjuiciamiento Civil, basada en A contra B, pero poco más», a pesar de las reformas normativas en marcha; no está pensada esta ley para estos grandes casos colectivos. Eso sí, «somos un órgano de protección de los derechos fundamentales. No somos ese acusador impertérrito que busca una condena, sino que defendemos el derecho; acusamos o defendemos, si tenemos que hacerlo. Entramos en menores, discapaces, procesos concursales, social, laboral, y consumo. Y nos irrita el abuso de poder».
Recuerda José María Paz que lo que ha pasado, las preferentes, en las que «hemos hecho lo que hemos podido, pero hay que seguir insistiendo», se basa en la época del boom colectivo del consumo. «Y se han cometido muchos abusos, ha habido que sanear a la banca con dinero de los contribuyentes; siempre que hay una empresa fuerte, en cualquier sector, tiende a abusar». «Eso sí», dice el jurista, «basta que diga que llama el Fiscal del Supremo para que cualquier director de un banco se ponga de inmediata. Tenemos fuerza, y vamos a continuar. «Antes no os metíais en esto», nos decían las empresas, pero ahora tenemos esa posibilidad, y el mandato constitucional de defender el derecho, y vamos a continuar, no puede abusar el más poderoso del más débil».