En una nota anterior analicé la STC 96/2012, de 7 de mayo, que resolvió, estimándolo, al considerar vulnerados los derechos reconocidos en el art. 18 CE, el recurso de amparo interpuesto contra una resolución judicial que acordó, al amparo del artículo 256.1.6ª LEC, requerir a una entidad financiera la entrega al Juzgado de los listados que contenían los datos personales de los clientes que, en toda España, hubieran contratado determinados productos financieros, para ponerlos a disposición de la asociación de consumidores solicitante, que se proponía ejercitar una acción en defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios, con fundamento en la existencia de presuntas cláusulas abusivas en los contratos de suscripción de los citados productos financieros.
Estudio de Faustino Cordón Moreno; Catedrático de Derecho Procesal.