En las normas de Derecho material penal, administrativo, civil, mercantil, etc. el legislador fija, a través del proceso político, una serie de intereses socialmente reconocidos y, de una forma general y abstracta, determina su satisfacción principal por encima de otros intereses. Pero incluso respecto a estos intereses plenamente acogidos por el ordenamiento jurídico se plantean a menudo conflictos que impiden en la práctica su adecuada satisfacción, para lo cual se hace necesaria una armonización entre unos y otros, estableciendo las prevalencias en el caso concreto atendiendo al Derecho objetivo. Para ello unos órganos específicos, que ejercen con exclusividad la potestad jurisdiccional, son los encargados de conocer las circunstancias fácticas determinando de manera irrevocable la relevancia del interés jurídicamente prevalente.
Estudio de: de León Arce, Alicia (Dir.), García García, Luz María (Coord.), Bujosa Vadell, Lorenzo M.