ADICAE ha celebrado la Jornada ‘Sin acción colectiva no hay justicia para los consumidores’, que ha reunido a cerca de 200 asistentes y personalidades destacadas en la disciplina. La normativa ya abre la puerta a los procesos judiciales colectivos pero todavía quedan obstáculos que hay que superar.
Centenares de miles de afectados por fraudes de ahorro, y más de tres millones de afectados por abusos hipotecarios, ponen de manifiesto la necesidad, absolutamente urgente, para impulsar la defensa colectiva de los consumidores, unos procedimientos judiciales que existen en la normativa española pero que muchos jueces y abogados todavía obstaculizan su ejecución. Es el balance final de estasJornadas Nacionales ‘Sin acción colectiva no hay justicia para los consumidores’, en el Consejo General de la Abogacía en Madrid.
Estas jornadas contaron con la participación de 200 juristas y participantes presentes en la sala y cientos más que lo siguieron a través de streaming y desde las sedes de la asociación. Entre ellos se encontraban el presidente de ADICAE, Manuel Pardos; el Fiscal Jefe de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, José María de Paz; el Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela, entre otros. En las conferencias se mencionaron los grandes abusos cometidos a los consumidores, como las preferentes y las cláusulas suelo, y su defensa en el sistema judicial con una conclusión clara: millones de afectados no pueden ir de uno en uno al juzgado; hace falta reforzar los sistemas de defensa colectiva para lograr una verdadera protección del consumidor.
“¿Qué justicia se puede dar en casos como las participaciones preferentes y otros productos tóxicos de ahorro, o en las cláusulas suelo, que han superado el millón de familias afectadas?”, con esta pregunta inauguraba las jornadas el presidente de ADICAE, Manuel Pardos; una cuestión a la que han intentado dar respuesta tres mesas de debate, en las que se ha contado con juristas, profesores y catedráticos.
Entre ellos, el fiscal José María de Paz reconocía que faltaban herramientas en la defensa colectiva de los consumidores. Ha recordado que estamos viviendo la época del consumo masivo en donde el fraude afecta a millones de consumidores. Cada vez reciben más demandas colectivas pero “no nos han dado ampliación de plantilla, y nos tenemos que enfrentar al trabajo anterior, que no nos ha sido relevado, y a estos grandes asuntos”. Reconoce De Paz que el consumidor está completamente desprotegido, “no se cumple el artículo 51 de la Constitución».
Un abuso repetido es una práctica abusiva
“Si un comportamiento abusivo se repite entre 40.000 afectados, lo que hay es una práctica abusiva”, así hablaba el fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela acerca de la base filosófica de la acción colectiva, confirmando las palabras de su compañero José María de Paz sobre la legitimación que ya tienen los fiscales en la defensa de los consumidores afectados por estos casos. El fiscal gallego, vinculado a la defensa de los preferentistas gallegos, afirma que todavía la normativa española adolece de “dispersión en el articulado de la defensa colectiva de los consumidores”.
Las acciones de cesación siguen siendo la herramienta fundamental para defensa en estos casos, pero hay que pensar también en el resarcimiento. Sin embargo, la Ley sigue pensada para conflictos individuales, no para un conflicto de masa: “nuestro proceso civil no está diseñado aún para estos conflictos de masa, y sólo hay pequeñas menciones dispersas en varios articulados”. “Eso plantea un problema”, fundamental, a juicio de Carlos Varela: “cuando uno va a un juzgado con una acción de 40.000 afectados, al juez lo primero que le entra es pánico. En estos casos, el juez ha de optar entre dedicarse al proceso colectivo y que se le ‘caiga’ el juzgado, o seguir con el resto de los casos y dejar de lado el colectivo”.
Por su parte, Carlos Ballugera, registrador de la propiedad, decía de las cláusulas abusivas que “si un juez declara abusiva una cláusula de un contrato que han firmado miles de consumidores, esos mismos consumidores deberían de poder aprovecharse de esa sentencia”. En su intervención, ha destacado que no tiene sentido que los consumidores tengan que volver a emprender acciones judiciales para aprovecharse de una sentencia que declara nula una cláusula abusiva, como ocurre con la sentencia del Tribunal Supremo sobre cláusulas suelo.
Sobre esta misma cláusula, la profesora de Derecho Civil de la UCM, Matilde Cuena, alude a un “problema de comportamiento” de las entidades financieras que otorgaron créditos de manera irresponsable, en los que incluyeron cláusulas abusivas, como la suelo, que han agravado el sobreendeudamiento de los consumidores. A pesar de lo cambios normativos “tímidos” que se han llevado a cabo, no se ha resuelto el origen del problema, que pasa para Cuena en una “importante actuación de notarios y registradores que deberían realizar tutela preventiva en el momento de conceder el préstamo”.
El problema de las tasas judiciales
A estos problemas, hay que sumar las tasas judiciales, como recordó el equipo jurídico de ADICAE, unas tasas pensadas para desmoralizar a los consumidores y que no están reguladas para acciones colectivas. “Algún juzgado pretende que cada uno de los demandantes de la demanda colectiva pague una tasa”, recuerda Luis García Perulles, abogado de la asociación. Las tasas judiciales ha supuesto una barrera para acceder a la justicia, más aún porque “la norma no ha previsto qué sucede cuando se presenta una demanda agrupada”, señala el también abogado de ADICAE Rubén Conles. Eso sí, “se hizo una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos y determinó que solo era necesaria una tasa para todos los demandantes”.
El objetivo de este foro de debate es que se aplique eficazmente la legislación sobre la defensa colectiva judicial de los consumidores y usuarios ya prevista en la normativa europea, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la reforma de la Ley General de Consumidores y Usuarios. «En junio de 2013, la UE solicitó a los países miembros que hicieran esfuerzos por unificaran sus respuestas ante este tipo de demandas, para potenciar así el acceso de los consumidores a la Justicia y contribuir a que ésta sea más eficaz mediante la reducción de procesos», dijo Varela. Como ya se ha visto, en la legislación española ya existe la posibilidad de presentar acciones colectivas, pero todavía hay confusión por parte de abogados y jueces, por lo que falta cohesión y claridad. Las conclusiones y propuestas de esta Jornada serán trasladadas al nuevo Ministro de Justicia, Rafael Catalá, y se presentará un informe de denuncia a las instituciones españolas y la Unión Europea sobre la situación de los procedimientos colectivos judiciales en España.
Las conclusiones de las ponencias y las preguntas de los cientos de participantes que las han seguido tanto presencialmente como desde streaming caminan en una dirección: la sociedad de consumo de masas en la que nos encontramos, en donde se suscriben contratos en masa, necesita unos mecanismos eficientes de protección colectiva. ADICAE viene luchando para que en España se aplique eficazmente la legislación vigente sobre defensa colectiva judicial de los consumidores y usuarios. «Animo al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial a que aporten medios suficientes para que los tribunales cuenten con toda la ayuda para hacer frente a las demandas colectivas, como, por ejemplo, tener dos o tres jueces de apoyo para facilitar su labor», propuso Manuel Pardos.
