Los fraudes masivos y sistemáticos en España que han sufrido los consumidores sólo pueden ser resueltos eficazmente a través de una actuación judicial colectiva. La propia Ley de Enjuiciamiento Civil española, que entró en vigor en enero de 2000, reconocía la posibilidad de que en un sólo proceso y actuando bajo la misma defensa, se representen los intereses de una pluralidad de consumidores y usuarios, si bien desde 1998 con la Ley de Condiciones Generales de la Contratación ya se establecían acciones colectivas para combatir cláusulas abusivas.
La acción colectiva ante abusos generalizados no sólo permite ahorrar tiempo y costes a los afectados y a la propia justicia española, evidentemente saturada, sino sobre todo visualizar ante toda la sociedad la dimensión que adquieren los fraudes de las empresas y entidades financieras, así como la fuerza que pueden tener los consumidores agrupados y organizados bajo una causa legítima y común.
Si en nuestro país estamos a la cabeza de los rankings europeos en fraudes masivos a los consumidores, especialmente en el ámbito financiero pero también en otros como la energía, las telecomunicaciones o los grandes temas del consumo, deberíamos también estar a la vanguardia en la efectividad de los mecanismos para la resolución colectiva de estos conflictos en vía judicial.
Porque una justicia individual no es ni eficaz ni garante para la resolución de los graves problemas que sufren los consumidores hoy en día, sobre todo cuando hablamos de malas prácticas que comparten los mismos patrones: complejidad de los productos unida al engaño en la información suministrada, todo tipo de cláusulas abusivas en los contratos, inoperancia de los organismos reguladores, abuso de superioridad de las entidades financieras frente al consumidor individual, etc. Además, normalmente hablamos de contratos de adhesión comercializados masivamente y ante los cuales los consumidores tienen un margen de negociación prácticamente nulo.
A pesar de lo anterior, lamentablemente en España la acción judicial colectiva tiene demasiadas lagunas normativas y una actitud no del todo correcta y comprensible por parte de la judicatura y la abogacía. La legislación en materia de acciones colectivas es insuficiente, dispersa y fragmentaria y el sistema en su mayoría se sitúa al servicio de los grandes poderes financieros. No obstante, existen jueces, fiscales y sectores, como el colectivo jurídico de ADICAE que son conscientes de este problema y demuestran con su apoyo y lucha su sensibilidad hacia los consumidores. Pretender que los afectados por un fraude o abuso de consumo, ya castigados por los efectos del mismo, tengan que acudir a la justicia de uno en uno y abonando los gastos correspondientes, supone una maniobra interesada y orquestada por las grandes empresas y en particular por el sector bancario con el fin de disuadirles y privarles así de un verdadero derecho de acceso a la justicia.