Consumidores frente a la crisis

En cuanto tome posesión de la Presidencia del Gobierno Mariano Rajoy debe ponerse a trabajar inmediatamente para tratar de cumplir las promesas electorales que ha venido realizando en materia hipotecaria y de servicios financieros. Sobre la mesa tiene la tarea de paliar la dramática situación que viven cientos de miles de familias en riesgo de perder su vivienda, y de poner fin a los abusos hipotecarios y financieros perpetrados por la práctica totalidad de la Banca.

Vagas promesas hipotecarias

Desgraciadamente los compromisos electorales del Partido Popular –como los de la inmensa mayoría de los partidos- han sido superfluos ante el grave problema hipotecario de las familias. El Partido Popular combina propuestas meramente instrumentales (“subasta electrónica”) con otras, en principio, de mayor calado, como elevar “el porcentaje del valor de tasación por el cual la entidad financiera pueda adjudicarse el inmueble”.

En julio de 2010 el PP presentó en el Senado una proposición de Ley en la que pedía regular el carácter abusivo de las cláusulas suelo
No obstante, esta propuesta contrasta con otras que plantea más adelante en el programa como “el fortalecimiento de los títulos ejecutivos” (la hipoteca es un título ejecutivo), lo que supone reforzar las facultades del banco. ¿Cómo se pueden compaginar estas medidas tan contradictorias entre sí? Pronto deberíamos comprobarlo.

En lo que respecta a la protección del consumidor frente a los abusos hipotecarios, los populares han prometido medidas o una nueva normativa contra las cláusulas abusivas, pero en ningún momento han precisado lo que entienden como tales ni hacen mención, en su programa electoral, a los suelos hipotecarios o los swaps. Además siguen insistiendo en la información y formación al consumidor como la mejor forma de evitar los abusos en las hipotecas.

¿En qué consistirá su reforma de la Ley Concursal?

El Partido Popular ha venido proponiendo reformar la legislación concursal para introducir “procedimientos de insolvencia de las personas físicas”, lo cual no incluiría solo a los consumidores sino, posiblemente, también a los autónomos. Si bien no ha ofrecido más información al respecto, sí ha advertido que tal procedimiento se hará con las “debidas garantías para evitar comportamientos abusivos”, por lo que podría pensarse en un ámbito de aplicación muy condicionado.

Igualmente, el Partido Popular habla de “mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable”, lo que se conoce como ‘fresh start’: entregar todo lo que se tiene en un determinado momento para saldar la deuda hipotecaria, sin que puedan ser reclamados los bienes futuros (nóminas, etcétera). En este sentido, al no referirse incondicionalmente a la liberación del deudor tras la ejecución del patrimonio, sino hablar solo de “mecanismos”, puede razonablemente pensarse en limitaciones, trabas y requisitos para ello que limiten esta figura. Por otra parte, hay que señalar que habla del “patrimonio” del deudor, es decir, no sólo su vivienda habitual sino todo (coche, ahorros, etc.).

Protección financiera sólo para la tercera edad

El Partido Popular, en su programa electoral, no ha cuestionado ninguna de las reformas del sistema financiero emprendidas por Zapatero. Las medidas de “saneamiento y reestructuración del sistema financiero” que plantea Rajoy van dirigidas a “culminar” y “acelerar” el proceso. El PP parece satisfecho de la bancarización definitiva de las cajas de ahorros y no plantea alternativas. Llama la atención su apelación a “facilitar la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras que lo precisen”, un compromiso que supone sacar a la luz definitivamente los números rojos de las entidades por el ladrillo. Mucho nos tememos que esa “gestión activa” que propone el PP sea más dinero público para sanearlas. En contrapartida, se compromete a exigir “responsabilidades” a los gestores, algo que debería hacer cualquier Gobierno inexcusablemente, se prometa o no en programa.

Respecto a la protección al consumidor, hace una mención vaga a este respecto de perseguir “las malas prácticas y las situaciones de abuso a las personas mayores” en el ámbito financiero. Sólo los consumidores de la tercera edad tendrán protección financiera específica. En este sentido, el propio programa del PP reconoce que va a seguir la inercia de todos los gobiernos anteriores al limitarse a transponer rápidamente “el conjunto de normas europeas” sobre protección al consumidor. Por tanto, escasa imaginación y nulo interés por impulsar reformas para los consumidores.

Además el Partido Popular ha hablado de reformar el Banco de España y la CNMV, pero no parece que vaya a optar por la tan esperada reforma integral de estos organismos, separándolos netamente entre un organismo centrado en la supervisión contable y otro responsable de las funciones de control de las relaciones de las entidades financieras con los consumidores.

El PP insiste, también, en la reforma de los planes de pensiones, una ruina para los ahorradores cuya evolución es cada vez más negativa y que cuentan con la desgravación fiscal como única ventaja.

Así plantea la reforma de la Justicia

En el aspecto de agilización de la Justicia, su programa habla de “mejorar la eficiencia de nuestra organización judicial” ya que “el dinamismo de nuestra sociedad exige una mayor agilidad”. Para ello, habla de una reforma y simplificación de procedimientos, juicios rápidos en el ámbito civil, fomento de la mediación y el arbitraje o la reforma del sistema de penas del Código Penal así como del jurado y un cambio de modelo de la oficina judicial “que la haga eficaz, accesible y transparente”. En cuanto a los casos colectivos, se olvida completamente de ellos, pese a que sí recuerda los “retrasos de muchos años en la resolución de recursos de inconstitucionalidad”.

En definitiva, Mariano Rajoy tiene ante sí la oportunidad de acometer una serie de medidas de gran calado para mejorar la protección de los hipotecados y de los consumidores y usuarios de servicios financieros. No obstante, las primeras deberían ser establecer una moratoria para los procesos judiciales de embargo durante al menos tres años, similar a la que han propuesto ADICAE y el Consejo de Consumidores y Usuarios o declarar abusivas, por ley, las cláusulas suelo que siguen ahogando a casi cuatro millones de hipotecados en España. Hay que recordar que en julio de 2010 el PP presentó en el Senado una proposición de Ley en la que pedía regular el carácter abusivo de este tipo de cláusulas, que fue rechazada por los 132 votos en contra de PSOE, Grupo Entesa Catalana, Grupo CiU y Grupo Senadores Nacionalistas. ¿Se atreverá el PP a sacar nuevamente este asunto a la palestra?