Consumidores frente a la crisis

El inmovilismo y su posición favorable a la Banca deben desaparecer y dejar paso a un nuevo Banco de España, completamente reformado, que mire más por los consumidores y menos por las entidades financieras.

De hecho, el Partido Popular, que recientemente acaba de decir, por boca de su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, que reformará en profundidad el Banco de España, durante su etapa de gobierno no hizo nada en ese sentido. Más bien al contrario, aplicó una política que desoyó a los consumidores e inversores abandonando la prudencia y propiciando una etapa expansiva de crédito fácil que dio origen a la burbuja inmobiliaria.

El descontrol es patente y se desoye a los consumidores

El Gobierno de José María Aznar y de su vicepresidente, Rodrigo Rato, hoy curiosamente, presidente de Caja Madrid-Bankia, una de las cajas que se han visto obligadas a convertirse en banco para salvarse de la quiebra por la política que él mismo impulsó desde el gobierno, nombró y mantuvo a Jaime Caruana al frente del Banco de España, un gobernador bajo cuyo mandato se dio la espalda a los derechos de los consumidores y se potenció la política de créditos masivos basados en las hipotecas con la que comenzó la burbuja inmobiliaria.

Esa nefasta etapa de descontrol del supervisor en aras de un crecimiento económico desbocado sobre la base de la construcción inmobiliaria (se estima que hay 400.000 casas vacías en las costas), que se basaba en la compra de la vivienda fue la que continuó aplicando el primer gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y de su ministro, Pedro Solbes, que acabó estallando, ya en su segundo mandato. Durante ese periodo, ni Solbes, ni su sucesora, Elena Salgado, han prestado oídos a las justas reclamaciones de los consumidores, que pedían una intervención decidida del Banco de España para evitar los desmanes de la Banca en la concesión de créditos a los consumidores.

Ahora que nos acercamos a unas nuevas elecciones que, previsiblemente, preludian un cambio de gobierno, el partido de la oposición se ha decidido a hacer propuestas para reformar en profundidad el funcionamiento del Banco de España. Lamentablemente, la experiencia de la etapa anterior de gobierno del PP hace presagiar que en la reforma tampoco se atenderán las legítimas reclamaciones de los consumidores.

Es necesaria una reforma para convertirlo en un verdadero organismo de supervisión

Pese a ello, si de lo que se trata es de reformar el Banco de España, para convertirlo en un organismo que, de verdad, sirva para la supervisión del sistema financiero que evite la aparición de nuevas burbujas inmobiliarias basadas en prácticas bancarias de concesión indiscriminada de créditos, la presencia de los consumidores en esa reforma es casi un garantía de que ese renovado Banco de España será más independiente del gobierno y de los poderes y menos favorable a los intereses de la banca.

De hecho, durante la etapa de Pedro Solbes en el Ministerio de Economía, se estudió la posibilidad de que el Banco de España estuviera sometido a dos organismos de control que funcionaran en dos direcciones. Uno competente en materia de solvencia y otro en asuntos que atañen a los consumidores. Esos organismos bifrontales se asemejarían bastante a los sistemas de control que existen en los países europeos de nuestro entorno.

Precisamente una supervisión efectiva es fundamental para que no sea necesario volver a pagar con el dinero de todos los ciudadanos y consumidores las pérdidas generadas por la imprudente política de algunas entidades que han acabado con la nacionalización e intervención en un puñado de cajas, entre ellas Caja Sur, Caja Castilla La Mancha y Caja de Ahorros del Mediterráneo, que han costado más de 7.550 millones de euros.

La participación de los consumidores acabaría con su excesiva cercanía a la Banca

Esas reformas de las que habla el Partido Popular no deberían centrarse tanto en dotar al Banco de España de nuevos instrumentos legales, como de hacer que sean efectivos y eficaces los que actualmente tiene. Un ejemplo paradigmático es el funcionamiento del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, un órgano al que los consumidores pueden acudir para presentar sus demandas contra la banca. Sin embargo, sus decisiones no son vinculantes por lo que la banca, en múltiples ocasiones desoye sus dictámenes.

Con el fin de evitar este tipo de situaciones, esas reformas en profundidad del Banco de España deberían incluir un organismo de control del supervisor, que en la actualidad depende orgánicamente del Ministerio de Economía y Hacienda, pese a lo que, en teoría, goza de independencia. Quizá, el actual, sería un buen momento para que el Banco de España estuviera controlado, de verdad, por los poderes democráticos y las comparecencias del Gobernador ante los parlamentarios no fueran meramente testimoniales.

También podría aprovecharse esta oleada reformista para que la independencia del Banco de España no esté en entredicho constantemente. En ese aspecto, la participación activa de los consumidores y en pie de igualdad con el resto de los actores sociales en cualquiera de los organismos de control del Banco de España sería una garantía de independencia y acabaría con los indicios de su estrecha cercanía a la gran Banca.

Hay que acabar con toda tentación de intervencionismo por parte del Gobierno

En la actualidad existe ya un organismo, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que participan todas las partes implicadas en el funcionamiento de los mercados, incluyendo a los consumidores, si bien sus competencias deberían ir más allá de ser un organismo meramente consultivo. Además, la presencia de los consumidores debería ganar peso para no convertirse en meros comparsas que se limitan a ver cómo los representantes de las empresas aprueban las normas que a ellos les interesan.

La reforma del Banco de España podría comenzar, por ejemplo, dotándole de un órgano de control en el que los consumidores formen parte, lo que alejaría tentaciones de intervencionismo como la Orden Ministerial de Transparencia que ultima aprobar el Gobierno y que establece que ya no será obligatorio que los bancos registren de manera previa sus comisiones. Además, también suprime la potestad del Banco de España para el control posterior, algo que no se realizaba prácticamente nunca.

Precisamente, en el caso de las comisiones bancarias, la reforma del Banco de España podría determinar el establecimiento de una comisión que se encargara específicamente de esa materia y en la que los consumidores, los legisladores y la propia banca estuvieran presentes en pie de igualdad, lo que generaría seguridad jurídica y frenaría el aumento de las reclamaciones que se está produciendo en los últimos años a consecuencia del incremento abusivo de las mismas. Según el propio Banco de España, en los últimos nueve meses las comisiones medias de mantenimiento de cuentas y por uso de cajeros automáticos se han incrementado un 15%, una tasa que quintuplica, por ejemplo, la inflación de los precios en ese periodo.