Estudio sobre la defensa colectiva de los derechos de los consumidores

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Algo se está moviendo en el movimiento consumerista en los últimos años. La brutal crisis financiera de la que han sido injustas víctimas los usuarios-ciudadanos ha precipitado la llegada de un consumidor más crítico, que defiende con más ahínco sus derechos y que es más intransigente ante los abusos que desfilan habitualmente en la operativa bancaria. En 2013 ADICAE ha estudiado la situación de la defensa colectiva de los derechos de los consumidores. Este trabajo está disponible en dos documentos: Extrajudicial y Judicial.

Todo ello se ha unido al tradicional litigiosidad del sector financiero, que en las dos últimas décadas ha dejado un reguero de escándalos y fraudes masivos como son AVA, Gescartera, Investahorro, las academias de Inglés (Opening, Cambridge, Oxford, Wall Street), Fórum Afinsa y Arte y Naturaleza, Bonos referenciados en productos emitidos por Lehman Brothers, Claúsulas Suelo en las Hipotecas, Clips Hipotecarios -conocidos como swaps- y más recientemente las participaciones preferentes,
deuda subordinada y otros productos tóxicos de ahorro colocados a millones de familias por la práctica totalidad de entidades financieras.

Estos fraudes no sólo han sido al ahorro sino que también han afectado al crédito hipotecario y a las condiciones abusivas en préstamos, fundamentalemente hipotecario, suelen ser masivos y realizarse conforme al mismo patrón: complejidad del producto unido al engaño en la información que se da a los usuarios, contratos plagados de cláusulas abusivas, negligencia de los organismos reguladores (tanto CNMV como Banco de España), abuso de posición de superioridad por parte de las entidades, etc. Estos abusos sistemáticos, que mueven cifras astronómicas tanto de afectados como de ahorros de familias perdidos o cautivos “sine die”, requieren una respuesta contundente, eficaz y directa por parte de todos los implicados en el sistema judicial y extrajudicial de conflictos.

En primer lugar, y como idea general, es evidente que los abusos y fraudes colectivos y sistemáticos únicamente pueden tener una respuesta igualmente colectiva. Pretender que los afectados, ya castigados por los efectos del propio fraude, tengan que acudir a la vía judicial de uno en uno y abonando además los gastos, es una maniobra interesada y orquestada por el sector bancario y financiero con la complicidad de los reguladores, e incluso a veces hasta del sistema judicial de los sucesivos gobiernos para conseguir que como mucho lleguen hasta el final el 5 o 10% como mucho de los abusos que a sabiendas ha cometido.

Este planteamiento de prácticamente total impunidad para los abusos, está generando un clima de auténtica inseguridad e insatisfacción que puede alterar el normal funcionamiento del sistema financiero y las relaciones entre clientes y entidades en los próximos años.

Por otro lado, el Gobierno, que hasta ahora solamente ha puesto trabas a la defensa de los derechos de los afectados poniendo una tasa judicial injusta y que coarta a los usuarios para acudir a los tribunales, debe apostar justamente por lo contrario: reforzar los medios con los que cuentan los juzgados para evitar procedimientos eternos que hacen perder la fe y confianza de los afectados en la justicia, así como por impulsar una reforma clara y completa de la legislación sobre acción colectiva que permita a organizaciones legítimas y representativas de consumidores y usuarios como ADICAE defender los intereses de todos los consumidores y, en particular, el de los consumidores que quieran reclamar en defensa de sus intereses y derechos.

En el caso de las participaciones preferentes y otros productos híbridos, ha sido absolutamente clamoroso el uso interesado que se ha realizado de la figura del arbitraje de consumo desnaturalizado que ha resuelto de forma discrecional el problema aproximadamente a la mitad de las víctimas de los fraudes. Un mecanismo extrajudicial rápido, eficaz y que ADICAE siempre ha defendido como modelo para la resolución de los conflictos (evitando así su judicialización automática ha sido utilizado miserablemente por las entidades financieras con la annuencia del FROB para instrumentar los canjes de las entidades financieras nacionalizadas. De esta forma, el arbitraje ha acabado siendo un elemento no universal, en el que las propias entidades han elegido a qué personas se le concedía de antemano, quedando el laudo arbitral como la escenificación de un acuerdo entre afectado y entidad que ha alzanzado a un porcentaje muy bajo del total de los afectados.

En definitiva, los consumidores se han visto abocados a la vía judicial para la que han contado y seguirán contando con ADICAE. La única asociación que lucha porque se haga valer el significado de acción judicial colectiva, con la que se han llenado la boca desde el ámbito europeo, pero que a España ha llegado tremendamente descafeinada y esquilmada por el lobbie de las entidades financieras, que se oponen agresivamente y poniendo todos los obstáculos posibles para doblar el poder judicial a su favor.

No obstante, ADICAE desde sus inicios hace más de 25 años ha conseguido que la defensa judicial y extrajudicial de los consumidores colectiva haya asomado con fuerza la cabeza, consiguiendo que en muchos casos los afectados hayan ido recuperando su dinero, aunque todavía continúan quedando escándalos en los que resarcir a los afectados. Para solucionarlos la colaboración e interacción de Gobierno, tribunales, profesionales y los propios afectados y sus asociaciones de consumidores es fundamental.

Por ello, hemos dedicado las campañas de investigación y todo tipo de actividades prácticas que han llegado a decenas de miles de consumidores y organismos, que se reflejan en esta publicación que esperamos servirá sin duda para avanzar en todos los campos jurídicos y judiciales. Si estamos a la cabeza de los rankings europeos en fraudes masivos a los consumidores, deberíamos estar también a la cabeza en la efectividad de los mecanismos para resolución de estos conflictos, primero extrajudicialmente y después en vía judicial según dispone la normativa europea y española. Y si lo previsto no funciona, cambiar todo lo necesario hasta que lo hago. ADICAE en ese sentido ha planteado alternativas claras, concretas y completas a los grupos parlamentarios y al Gobierno.

Ahora la pelota está en su tejado y ADICAE, con los consumidores, no va a dejar de luchar que sea una realidad efectiva la acción judicial y extrajudicial colectiva de los usuarios. Dicha estructura judicial y extrajudicial es la que articula los trabajos que se contienen en esta publicación, la cual hemos dirigido con el mayor rigor.

adicae

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