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Desde que se iniciara la crisis se vienen oyendo voces que proclaman que hay que aumentar el consumo privado para acabar con la recesión. Tradicionalmente, los consumidores han cargado con la presión de sostener la economía española, han sido también los más perjudicados por la crisis pese a no haberla originado ellos y, sin embargo, los poderes políticos y económicos aún quieren seguir exigirles más. ¿Por qué no buscan soluciones en lugar de la salida “fácil”? Fácil para ellos, claro.

Aumentar el consumo para salir de la crisis. Ésa es la receta que los poderes políticos y económicos llevan tiempo vendiéndonos como la solución magistral a la situación actual. Ése fue el consejo que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dio a la Unión Europea hace solo unos días, y es también el objetivo que se ha marcado el gobierno de Cristina Kirchner en Argentina. Del mismo modo, Rajoy y Rubalcaba defienden la necesidad de “mejorar el consumo y la actividad económica”. Pero, ¿de dónde surge este planteamiento?

Se trata de un argumento de la teoría económica keynesiana que fue usado en la crisis del 29. Según ésta, el ingreso total de una sociedad es la suma del consumo y la inversión; por lo que en una situación de desempleo, éste solo pueden aumentarse si se incrementan primero los gastos: bien el consumo, bien la inversión. No obstante, aumentar el consumo supone cargar una vez más la responsabilidad en la espalda de los consumidores, quienes llevan años soportándola, mucho antes de que esta crisis se iniciara. Los poderes políticos y financieros, que fueron quienes originaron la crisis con su nefasta gestión, se lavan así las manos y le pasan la pelota a los ciudadanos, una vez más. ¿Hasta cuándo? ¿No es hora de que empiecen a asumir sus propias responsabilidades?

El consumo privado ha sostenido tradicionalmente nuestra economía

El consumo privado, al que apelan políticos y economistas, fue uno de los puntales (por no decir, el principal) de la economía española en los años de crecimiento económico. Así, entre 1995 y 2007 creció a un ritmo del 3,8%, dos puntos por encima de la media de la Unión Europea, y supuso el 59% del PIB. Es decir, casi dos tercios de nuestra economía dependían de los consumidores.

En el año 2010, el incremento fue de un 1,3% en términos reales (sin tener en cuenta los efectos de la inflación), pero esto se debió a un descenso del ahorro de las familias. Durante los años de cierta prosperidad las familias españolas tendían a ahorrar un 11% de sus ingresos, pero con la crisis este porcentaje se elevó hasta el 18% por la incertidumbre y el miedo al futuro que generaron en los consumidores los embargos –más de 470.000 desde 2008-, despidos, reducción de salarios (en torno a un 20% inferiores a los existentes en la UE)… En la actualidad, se ha estabilizado en torno a un 13%, que es lo que ha permitido que las cifras de consumo sigan siendo positivas (sin este descenso del ahorro, el consumo privado habría descendido un 4,7% en 2010).

Otros deben tomar el relevo y aliviar la carga de los consumidores

No obstante, esta presión de la economía sobre los consumidores debe aliviarse. No podemos dejar que siga recayendo sobre ellos toda la responsabilidad, menos aún cuando la crisis está castigándoles más fuerte que a nadie. La situación actual ha sido originada por la mala gestión de las entidades financieras, quienes sin embargo están recibiendo millonarias ayudas para salir adelante (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria –FROB- ha dado algo más de 21.500 millones de euros a las cajas desde 2008), mientras los consumidores siguen llevándose la peor parte. Resulta paradójico que quienes originaron el declive económico se lleven las recompensas y quienes han colaborado durante tanto tiempo a los buenos resultados se vean perjudicados.

Además, hay que tener en cuenta que la situación para las familias españolas no es fácil: en este contexto de crisis han de hacer frente a la inflación (un 9,1% en los últimos cuatro años), a la incertidumbre del mercado de trabajo (4.719.537 desempleados en septiembre de 2011), a la subida gradual de los tipos de interés (actualmente, al 1,5%), del IVA y de las materias primas. Miles de personas se ahogan con hipotecas que apenas pueden pagar, con productos tóxicos como swaps y cláusulas suelo –ambos denunciados masivamente por los consumidores a través de ADICAE-… y en torno a un millón de familias se hallan al borde del embargo, según las estimaciones de nuestra asociación. No puede exigírseles encima que, con tantas dificultades económicas, sacrifiquen el poco ahorro posible para seguir consumiendo y alimentando a un sistema que les da continuamente la espalda y solo les busca para solucionar problemas que no han generado.