Consumidores frente a la crisis

Un 81% de los encuestados pide celebrar un referendum sobra la reforma constitucional que modifica el artículo 135 para un tope de déficit y el pago prioritario de la deuda pública. PULSE SOBRE LA IMAGEN DE LA ENCUESTA PARA AMPLIARLA

 La reforma aprobada modifica el artículo 135 de la Constitución Española, fue propuesta y aprobada por los partidos mayoritarios PP y PSOE, y en el fondo significa que el estado invertirá menos en las necesidades básicas sociales de los ciudadanos. Con esta reforma el gasto público, en el que se incluye las inversiones sociales en vivienda, sanidad, protección de los consumidores, becas al estudio, etc., será menor. La imposición constitucional de un tope de gasto supone que ya no se podrá gastar por encima de este tope. Además la reforma de este artículo en su punto 3 exige que el pago a las entidades financieras que hayan adquirido Deuda Pública (letras del Tesoro por ejemplo) se hará de forma prioritaria, es decir que el Estado debe pagar antes a un banco que compró Deuda Pública que invertir en la construcción de hospitales. 

ADICAE ha propuesto a sus socios y a todos consumidores que expresen su opinión sobre la reforma de la constitución impuesta por PP-PSOE. ADICAE planteaba ocho cuestiones concretas y daba en todas la opción de manifestar otra opinión o completar la expuesta. Así, se ha querido dar voz a voz a los consumidores para que se manifiesten sus opiniones, lo que los grupos parlamentarios mayoritarios PP y PSOE han negado. ADICAE elaboró también Ocho razones concretas por las que esta reforma afecta a los derechos de los ciudadanos como consumidores.

Esta reforma no responde a las demandas sociales

Se han recibido 1104 encuestas cuyas contestaciones a las respectivas preguntas han quedado así. A la pregunta de si la reforma constitucional pactada entre PP y PSOE responde a las demandas y necesidades reales de los consumidores y ciudadanos, el 77% (867 personas) han contestado que no, mientras que un 17% han respondido afirmativamente (190 personas). Un 4% han contestado exponiendo de manera más concreta su respuesta.

Ante la pregunta de si con el techo de déficit, que condiciona y limita la inversión social, se soluciona el problema de los ciudadanos, un 11% (116 personas) han contestado que sí; mientras que un 72% (800 personas) ha contestado que “empeorarán los derechos de ciudadanía”. Un 17% ha optado por dar otros motivos o por ampliar su respuesta.

ADICAE también quiso preguntar a los consumidores sobre a quién obedecen PP y PSOE con la decisión de reformar la Constitución imponiendo un techo de déficit. Para la inmensa mayoría esto responde a “los intereses de quienes manejan los mercados financieros y la banca” 82% (905 personas). Mientras que un 9% (101) considera que obedece a la ciudadanía en su conjunto. Un 9% han preferido responder de manera más amplia.

Lo más urgente: modificar la injusta ley hipotecaria 

A la pregunta de cuál es la reforma legal más urgente que necesita hoy la ciudadanía, sólo el 7% está de acuerdo que la reforma impuesta por PP y PSOE (78 personas) mientras que para un 74% lo es la reforma hipotecaria para paralizar embargos y abusos (821 personas). Un 19% de los encuestados ha detallado su opinión o ha dado otras respuestas alternativas (205 personas).

Sobre la cantidad de encuestados que están de acuerdo en pedir un referendum electoral para decidir la limitación de déficit público, un 82% está a favor, y en contra un 18%.

Por otra parte, para el 75% de los consumidores que han respondido a la encuesta (828 personas) el pago prioritario de deuda a quienes posean lo títulos de deuda pública española (en su mayoría entidades financieras) supondrá 10 años más de empobrecimiento para España, frente a un 7% que considerán que con esta medida habrá una recuperación inminente (72 personas). Un 18% de los encuestado ha optado por desarrollar su respuesta.

No acabará con el paro pero hará más fuertes a las entidades financieras

Otra de las cuestiones que planteaba ADICAE hacía referencia a la contribución de esta medida para cambiar el modelo productivo español. Un 55% considera que contribuirá a cambiar el modelo productivo español (609). Un 4% afirma que con el techo de déficit se acabará con el paro y nos situará en perspectivas de crecimiento económico. Un 41% de los encuestados ha preferido dar sus propios argumentos.

Finalmente un 76% (839) de los encuestados considera que esta reforma constitucional, al imponer el pago prioritario de deuda pública, contribuirá a reforzar el poder económico de la banca y sólo un 7% a que las entidades de crédito reduzcan comisiones, al tener asegurados por ley los ingresos por el cobro de la deuda pública en que han invertido. Un 17% ha ofrecido explicaciones más detalladas o diversas a las respuestas planteadas.

Los consumidores opinan sobre el techo de déficit público 

Como hemos visto, muchos consumidores y ciudadanos que han contestado la encuesta no se han limitado a señalar una opción u otra de entre las propuestas. ADICAE ha dado un espacio para que ofrezcan su posición más ampliamente. Recogemos algunas de las más interesantes.

Medida necesaria para limitar los gastos de la Administración, pero hay que preservar las inversiones sociales

Ante la cuestión planteada sobre las consecuencias que puede traer la fijación de un techo al déficit público, muchos consumidores opinan que esta medida “a corto plazo empeora, a largo plazo beneficia”, considerando que es un “punto de inicio para controlar el despilfarro actual” y que “constribuirá a ordenar el gasto en todas las administraciones públicas, especialmente en los ayuntamientos y en las Comunidades Autónomas”.

Esta apelación al control de gasto de las administraciones territoriales se reitera en varias contestaciones. Sin embargo, hay quienes son más pesimistas sobre la eficacia de la medida. Como argumento esgrimen que ésta “condiciona las futuras políticas económicas a seguir” y la tildan de “irreal”, ya que “no existe un organismo real que pueda pedir cuentas”.

Hay quienes ven que esta medida “beneficiará a los grandes capitales y de ellos se dependerá”. Otras respuestas ponen el acento en la preocupación por cuestiones sociales y proponen “que se blinde el gasto en Educación, Sanidad y Justicia”, apuntando que “el gasto social no debe nutrirse del déficit sino de un superávit constitucional que obligue a los políticos a producirlo”.

Merkel, Sarkozy, “Europa”… los inductores

Ante la pregunta de a qué obedecen PP y PSOE a la hora de imponer esta reforma, la mayoría ha apuntado a los máximos mandatarios de Alemania y Francia y a las instituciones europeas. No obstante, hay un sector que apela a la “realidad de las cosas” y “al sentido común” o la “necesidad”. Unas contestaciones que demuestran que hay un sector de la ciudadanía que ha asumido y hecho suyo el mensaje de los partidos mayoritarios.

Hay que advertir que España entró en la crisis con superávit en las cuentas públicas y siendo uno de los países que respetaba los límites fijados en el Pacto de Estabilidad impuesto por Maastrich, cosa que ni Francia ni Alemania cumplieron.

Además de la Ley hipotecaria hay que reformar la fiscalidad y, sobre todo, la Ley electoral

ADICAE preguntaba a los ciudadanos si hay otras reformas legales tan urgentes o más que la propuesta por los partidos mayoritarios para limitar el déficit público. Las respuestas han sido abrumadoras en apoyar una reforma de la Ley hipotecaria para hacerla “más humana”. Sin embargo, también ha habido una abrumadora opción por querer cambiar la legislación electoral, la normativa fiscal –para que “según se gane, que se pague”-, la normativa bancaria y un referéndum sobre la monarquía. Con estas respuestas, la ciudadanía manifiesta su preocupación por el modelo bipartidista que pasa el rodillo sin permitir debate u otras opciones.

Más poder para la Banca y más “crédito” exterior

Los consumidores que han respondido en extenso a esta cuestión consideran que el imponer el pago prioritario de las deudas públicas reforzará el poder de la Banca y, en particular, “el poder económico y los intereses particulares de los acreedores” ya que seguirán “como siempre dando más poder a los bancos” y los bancos “seguirán con sus comisiones y demás pagos”, por lo que es una medida que “contentará a los bancos pero no a los ciudadanos”.

Al margen de esta cuestión, muchos consumidores han manifestado que con la reforma propuesta “mejorará la credibilidad institucional”, “la imagen del país y de su economía”. Éste es uno de los argumentos más empleados ya que si nos conceden crédito exterior “es con la legítima intención de recuperarlo en las condiciones pactadas. Si no se devuelve, para empezar hay que irse olvidando de que a uno le concedan más”.

Es curioso constatar como ninguna de las contestaciones ha entrado a debatir una de las causas más evidentes del déficit público (las ayudas a la Banca no recogidas en ninguna ley y aprobadas por decreto), ni tampoco se ha tenido en cuenta que España no ha suspendido pagos (no ha dejado de pagar sus créditos) y que nuestro nivel de deuda pública con ralación al PIB es uno de los más bajos en la actualidad de Europa.

La perspectiva general es de empobrecimiento y pérdida del Estado de bienestar

La mayoría de los encuestados considera que el sometimiento prioritario de España al pago de la deuda durante muchos años sitúa a nuestro país en una perspectiva de “empobrecimiento” y de “desmantelamiento progresivo del Estado de bienestar, ya escaso en España”. Se habla también de “sometimiento a la Banca”, “esclavitud ciudadana” y “recorte de derechos reconocidos en la Constitución, como Educación y Sanidad, dejando estos campos en manos del sector privado, acentuando las diferencias entre ricos y pobres”.

No obstante, los hay también que aseguran que significará un “punto de inflexión: final de la destrucción de la economía e inicio de la recuperación” y que hablan de la necesidad de “pagar las deudas contraídas, no se puede vivir por encima de las posibilidades” ya que “si seguimos en la espiral de emisión de deuda a altos intereses, estaremos hipotecando el bienestar social de las siguientes generaciones”. Finalmente, una minoría considera que “no depende en exclusiva de España”.

Incertidumbre y pesimismo respecto a las consecuencias

Finalmente, respecto a las consecuencias de introducir el tope al déficit público en la Constitución, la mayoría responden con incertidumbre o con pesimismo, los primeros por desconocer cuáles pueden ser los efectos y los segundos por considerar que “no cambiará nada”.

Entre los que sí hablan de posibles efectos, abundan los que creen que la reforma “afectará a la Sanidad y a los Servicios Sociales”, aunque también los hay que la ven como algo positivo ya que “al menos acabará con los gastos irresponsables de muchos políticos”. Este control del gasto efectuado por los políticos es una constante en muchas respuestas que afirman que, “mientras las medidas de austeridad no afecten a los salarios que políticos y altos cargos que tienen potestad para aumentárselos indiscriminadamente, o mientras no se controlen los abusos de las entidades financieras, no será posible alcanzar un equilibrio económico que garantice el bienestar social”.

Algunos hacen notar también su preocupación porque “la Banca podrá seguir siendo rescatada”, porque “causará mayor desigualdad social” y porque, para algunos, “provocará una involución en todos los órdenes de vida”. No obstante, también los hay quienes ven el lado positivo en que “nos concienciará de que no podremos gastarnos más de lo que tenemos, como hasta ahora ha venido sucediendo” y “se evitarán males mayores en el futuro”.