Consumidores frente a la crisis

El Proyecto de Orden Ministerial de transparencia y protección del cliente de servicios financieros, actualmente en tramitación, aumenta los derechos de la Banca y disminuye la seguridad y protección a los consumidores existente en la actualidad. El Ministerio de Economía no solo no prohibe el uso de swaps y cláusulas suelo, pidiendo solo que se informe de su inclusión en los contratos bancarios, sino que los legitima y, además, abre una puerta para que los bancos empiecen a cobrarnos por su “asesoramiento”. Equiparándolo a lo que cobran los intermediarios financieros podrían llegar a cobrarnos hasta 30.000 euros por una consulta.

Un verdadero atentado a los derechos de los consumidores. Eso es lo que supone el proyecto de Orden Ministerial de transparencia y protección del cliente de servicios financieros (o bancarios, más concretamente, visto su contenido). El análisis realizado por los expertos de ADICAE ha localizado en su redacción amenazas importantes y aspectos que suponen un peligro para los consumidores, mientras sirven en bandeja nuevos derechos a la Banca y se da carta blanca a sus abusos.

Incitan a bancos y cajas a cobrarnos por asesorarnos de forma “independiente”

Uno de los aspectos más preocupantes es el contenido en el artículo 9, en el que se permite que las entidades de crédito “presten un servicio de asesoramiento remunerado independiente, al margen y acumulativo respecto del beneficio que obtiene la entidad cuando el cliente contrata el producto”. ¿Qué significa esto? Que los bancos y cajas podrán cobrarnos cuando vayamos a pedirles información sobre sus productos, lo que además tiene poco de “asesoramiento independiente”, ya que son una parte interesada en la venta de sus propios productos frente a los de la competencia. Y, en el caso de las hipotecas, para las que ya se cobra una comisión de estudio, podría suponer cobrarnos dos veces por la información previa que necesita el consumidor para tomar una decisión tan importante como la de elegir su vivienda habitual.

Así pues, el Ministerio quiere hacernos pagar a la Banca porque nos “informen” para vendernos sus productos. Es una absoluta vergüenza que les permita (e incite) a cobrar por algo que desarrollan como parte de su actividad. ¿No cree el Ministerio que preside Elena Salgado que los consumidores ya están pagando bastante por la crisis que han generado los desaguisados de bancos y cajas?

Y, yendo aún más allá, ¿cuánto podrían cobrarnos por una simple consulta? Si lo equiparamos con lo que cobran las empresas de asesoramiento financiero, veremos que las tarifas actuales (publicadas por la CNMV) oscilan entre 120 y 600 euros la hora, con mínimos por consulta desde 300 euros hasta cantidades mucho más elevadas en algunos casos. No obstante, y dado que el proyecto de orden ministerial no impone límites, podríamos encontrarnos con tarifas incluso mayores por algo que actualmente hacen gratis y que es parte intrínseca de su actividad. ¿Acaso van a hacernos pagar por nuestro derecho a disponer de información veraz?

Las comisiones siguen en ascenso y quedan sin regulación

El texto habla de la “proporcionalidad en el cobro de la comisión o gasto respecto del coste del servicio prestado” pero sigue repitiendo fórmulas que no han funcionado y que no sirven para nada. Desde 2005, algunas de las comisiones más comunes se han duplicado prácticamente, contraviniendo una vez más la teoría de la competencia por la cual si el consumidor dispone de toda la información, comparará ofertas y elegirá la opción más barata. Lejos de ser así, ni la información es clara ni el consumidor tiene nada que decir a la hora de fijar las cuantías de las comisiones, ya que éste queda atrapado por su banco durante varios años a través de los productos contratados y las condiciones suelen venir impuestas de antemano por el Banco. Además, las comisiones siguen subiendo y no parecen tener techo.

Además, de aprobarse sin cambios la Orden Ministerial, ya no será obligatorio para los bancos registrar previamente sus comisiones en el Banco de España, al tiempo que se elimina el control posterior (Orden Ministerial 12 diciembre de 1989, que quedará derogada) que éste ejercía en su cumplimiento, una función realmente no implementada. De aprobarse, todo esto supondría reducir las competencias del Banco de España en la protección de los consumidores, dejándolas en manos de la Banca, y dando así el visto bueno a la dejación de funciones que el Banco de España ya venía desempeñando, amparándola ahora por medio de una Orden Ministerial. En este sentido, hace falta también una reforma amplia que designe un organismo que de verdad vigile y controle en materia de comisiones.

Están legitimando el uso de swaps y cláusulas suelo

Nos preocupa también que, pese a nombrarse en el texto de la orden, tanto a los swaps como a las cláusulas suelo, no se condena el uso ni de unos ni de otras prohibiéndolos, sino que solo se obliga a “informar” sobre su inclusión en los contratos bancarios. Si lo que pretende esta orden (al menos, en teoría) es mejorar la seguridad de los consumidores, es importante la regulación de ambos productos (para eliminarlos) que están perjudicando a miles de consumidores y que tantas reclamaciones y demandas están generando. Así, ADICAE ha demandado ya a 101 bancos y cajas por el uso de cláusulas suelo en sus préstamos hipotecarios, así como a diversos entidades por incluir productos tóxicos como los swaps.

No basta con que los notarios (que no hicieron nada por denunciar estas cláusulas que veían a diario) puedan revisar los préstamos (artículo 29.3.b del proyecto de Orden Ministerial), ya que esto solo deja un derecho al consumidor: renunciar a su casa y que la cláusula injusta siga sin eliminarse. Así, el no condenar (ni tan siquiera regular) el uso de estos productos añadidos supone una legitimación implícita de swaps y cláusulas suelo.

Finalmente, hay que tener especial cuidado en lo relativo a productos (como las mal llamadas “hipotecas inversas”) dirigidos a mayores de 65 años, más sensibles a la publicidad y a la persuasión de los comerciales bancarios. Según se recoge en el borrador de la orden, también a ellos podrían cobrarles un extra por “asesorarles” respecto a este tipo de productos, una asesoría que (como ya comentamos antes) tiene poco de independiente y que, hasta ahora, se viene realizando como parte del servicio y de las acciones comerciales de bancos y cajas.

Hace falta una normativa más amplia y sin concesiones a la Banca

Todo esto evidencia la necesidad de una normativa más amplia que no deje beneficio a duda. Hay que exigir reformas y no hacer ningún tipo de concesión a las entidades financieras. Este proyecto de Orden Ministerial (surgido por la puerta de atrás, en plenas vacaciones y de espaldas a los ciudadanos) no debe aprobarse, sino que hace falta una normativa adecuada y un debate mucho más amplio al respecto para garantizar verdaderamente la seguridad financiera de los ciudadanos.

Por ello, ADICAE ha pedido la retirada de esta vergonzosa Orden Ministerial y se pondrá en contacto con los candidatos del 20-N para pedirles una de verdad, que cumpla realmente su función y establezca herramientas y cauces para proteger a los consumidores.