Consumidores frente a la crisis

El anuncio del presidente del Gobierno de una “reforma express” de la Constitución para introducir un tope en el déficit de las cuentas públicas ha movilizado a toda la sociedad. Si en sede parlamentaria el debate se ha minimizado, ante la imposición de los partidos mayoritarios, PP y PSOE, que monopolizan el escenario político, el Movimiento social 15 M y las diversas organizaciones que forman el tejido asociativo en nuestro país, entre ellas ADICAE, no han querido asumir un rol de pasividad y demandan debate, información y, como corolario, una reforma que se decida por la propia ciudadanía, principal afectada por la misma pues va ser la que vea privados sus derechos y la que sufra las consecuencias en primer término.

La reforma afecta a los consumidores y su opinión debe ser tenida en cuenta. En los pocos días que llevamos desde que se anunció esta medida, tanto la reforma en sí como su aspecto esencial, esto es, el techo de gasto público, ya han  suscitado numerosas voces en contra con razonados y oportunos argumentos. Para los consumidores, que es casi tanto como decir la ciudadanía económica en su conjunto, esta decisión nos afecta de manera rotunda.

El modo en cómo se ha tomado tal decisión responde a unas formas de ninguneo político recurrentemente aplicado en materia de protección a los consumidores, ya que sólo se busca primar los intereses del lobby bancario y financiero que tanto daño están haciendo a nuestra sociedad. Por eso, convertir una mera decisión técnica como es imponer un férreo equilibrio presupuestario, en un dogma constitucional y sin debate político previo, habla bien a las claras de que nuestra clase política se ha convertido en mera gestora de los intereses del entramado financiero y bancario, cuyos intereses son los únicos que  tienen interés en fomentar y desarrollar. Esta decisión, por tanto, enlaza con los ataques a los derechos de los consumidores más golpeados por la crisis y que han sido completamente olvidados sin ofrecer soluciones razonables y dignas, y es una pérdida clara de soberanía del propio Estado y la ciudadanía frente a los mercados.

No gaste más de lo que tiene ni se endeude….. un engaño absurdo para justificar una reforma tramada a espaldas de los ciudadanos. La falsa pedagogía que han lanzado algunos líderes y candidatos políticos para justificar la imposición de un techo a la inversión pública, supone un ejemplo de información falsa a que tan acostumbrados estamos los consumidores y usuarios. “El endeudamiento es malo. No se puede comprometer financieramente los ingresos que no se tienen…” etc. En pleno siglo XXI, el recurso a un crédito razonable es una herramienta financiera posible y necesaria. Y más si hablamos de inversiones sociales o de instrumentos económicos para afrontar una recesión. Toda inversión a largo plazo requiere de un endeudamiento proporcionado. La prolongación en el tiempo de sus beneficios es mucho mayor incluso que el periodo de endeudamiento previo necesario. A modo de ejemplo, que el Estado se endeude para construir un parque de vivienda pública accesible para la ciudadanía supone, por un lado, dar respuesta efectiva a otros muchos artículos que recoge nuestra constitución y que se han soslayado interesadamente en este debate (acceso a la vivienda digna, la riqueza del país como subordinada al interés general, planificar la actividad económica para atender a las necesidades colectivas, etc…) y por otro, significa estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución (artículo 131 de la constitución). Pero además resulta paradójico el argumento cuando durante años se ha propiciado e impulsado un endeudamiento desproporcionado de las familias que ha mantenido el crecimiento de la economía hasta alcanzar niveles de endeudamiento que constituyen uno de los problemas claves de la actual crisis.

La reducción del gasto público comporta el aumento del gasto y el endeudamiento familiar

Este aspecto es importante y lo hemos padecido los consumidores españoles durante los años de la burbuja inmobiliaria, ya que un déficit público bajo mínimos, una distribución de la riqueza raquítica, supone como contrapartida un endeudamiento privado, familiar, elevado e insostenible. Este ha sido el verdadero problema cuyas consecuencias estamos pagando en la actualidad dramáticamente con cientos de miles de familias que han perdido su vivienda o en riesgo de verse privadas de ella. Durante los años de la burbuja inmobiliaria, la deuda pública en España bajó en el periodo 2000-2007 a un promedio del 47,6% (cuando el límite fijado por la UE era del 60%). El déficit del Estado bajó también, alcanzándose durante ese lapso de tiempo el 0,3% de media (límite del Pacto de Estabilidad del 3%), e incluso con dos legislatura con superávit público. Tanto la deuda como el déficit eran de los más bajos de la UE-15. Pero como contrapartida, las familias debían endeudarse monstruosamente para acceder a un derecho básico como la vivienda y, de paso, engordar los beneficios de bancos, cajas de ahorros y promotoras. El problema actual de nuestra economía es el del endeudamiento privado, un endeudamiento que las familias están pagando penosamente y que lastra nuestra recuperación. Hacer recaer sobre las espaldas de los consumidores todo el peso de una política pública raquítica trae estas consecuencias. Y sin olvidar que los máximos responsables de esta crisis, bancos y cajas de ahorros, cuyas abusivas actuaciones han carecido de control alguno,, han recibido no sólo todo el apoyo financiero y económico que han querido, sino que este apoyo ha sido precisamente el desencadenante del deficit público que padecemos en la actualidad sin que hasta ahora se les haya pedido un mínimo de responsabilidades.

El futuro próximo hace presagiar un aumento en la necesidad de los servicios y la inversión públicos

La actual situación que atraviesan cientos de miles de familias golpeadas por el desempleo y unas hipotecas abusivas, y a la que se exponen más de un millón de ciudadanos que en los próximos meses pueden encontrarse al borde de la exclusión financiera y social, plantea un panorama para los próximos años en el que el papel del Estado, como corrector de injusticias y desequilibrios, no se verá limitado o reducido. A modo de ejemplo puede hablarse de los cientos de miles de familias que afrontan y afrontarán en los próximos tiempos procesos de ejecución hipotecaria, y que llevarán a que estas familias pierdan la vivienda pero mantengan deudas millonarias con los bancos y cajas; o de los problemas a que se enfrentarán amplias capas de población que carecen de ahorros y cuyas prestaciones en la jubilación serán enormemente limitadas. Los posibles efectos de la reforma constitucional planteada no son menores, lo que constituye una razón más a que la misma sea objeto de un debate amplio, plural y profundo, y a que se apliquen los instrumentos de participación ciudadana previstos a la hora de adoptar una decisión de este calado.

Hacia una privatización de los servicios públicos

En tercer lugar hay un aspecto de la reforma propuesta sobre déficit que nos afecta como consumidores. La contención del gasto público que supondría imponer un límite al déficit lleva en consecuencia, como hemos visto, a que los estados proporcionen menos cantidad de bienes y servicios públicos. Esto abre las compuertas al negocio privado. Y el efecto de esto último es bien sabido: menor cantidad ofrecida, precios más elevados y menos personas con posibilidad de satisfacer sus necesidades accediendo a ellos.

Es importante recordar que quienes tradicionalmente han encabezado el ruido de una “redución del déficit público” son muchas grandes empresas. Su objetivo es asaltar el espacio público, privatizarlo y obtener beneficios a corto plazo, pagándolos quien pueda. Sobre las bondades de la “liberalización” en nuestro país, basta mirar las cifras anuales de reclamaciones de los consumidores en sectores como la telefonía o el sistema financiero.  También podemos recordar el fracaso de las pensiones privadas, planes de pensiones caros, mal gestionados y con pérdidas que son incapaces de mostrarse mínimamente siquiera como un complemento de las pensiones públicas. O los seguros sanitarios privados, caros, elitistas y discriminatorios. Ejemplos de que el sector privado no es sinónimo de mayor eficiencia, y mucho menos de servicio al ciudadano, como pretenden vendernos.  Quizá la deuda pública se verá reducida, pero la deuda privada de los consumidores y ciudadanos seguirá aumentando y así el negocio de la banca y las grandes multinacionales que se verá favorecido por esta medida antisocial.

Además parece obviarse un aspecto sumamente grave del nuevo texto constitucional: el que define que el pago de la deuda tendrá prioridad sobre cualquier otro gasto público, ya sea la sanidad, educación, vivienda, pensiones, etc. Esta redacción comporta que en las decisiones de gasto siempre habrá un sesgo impuesto hacia el pago de deuda frente a otras alternativas, lo que constituye un motivo más para hablar de una rendición incondicional del Estado ante agentes privados como los bancos españoles y extranjeros que a su vez irónicamente han comprado nuestra deuda gracias al dinero público que les ha salvado las cuentas.

La unidad organizada y perseverante de la sociedad movilizada es la única vía para reivindicar nuestros derechos

Por último, quienes como ADICAE llevamos más de veinte años defendiendo los derechos económicos y sociales de los consumidores sabemos del esfuerzo que supone convertir la mera gramática constitucional de un artículo como el 51, que exige a los poderes públicos garantizar la defensa de los legítimos intereses económicos de los consumidores, en un artículo vivo y eficaz. En todo este tiempo nos hemos dado cuenta de que sólo con una movilización permanente, con reivindicaciones concretas y una actuación organizada y unida es posible dotar de sentido real tal artículo. Este es el primer mensaje a todas aquellas fuerzas sociales que, desde distintos ámbitos, muestran su rechazo a la reforma que trata de imponer el techo de gasto en la constitución: unidad, organización y perseverancia. Se lleve adelante o no el referendum, la lucha debe ser continua.