Consumidores frente a la crisis

Diez millones de personas en nuestro país pueden considerarse ya «pobres» y otros ocho millones «excluidos» según el último ‘Observatorio de la Realidad Social’ (2010) elaborado por Cáritas. Mientras tanto, más de 140.000 personas siguen siendo poseedoras de grandes fortunas (de, al menos, un millón de dólares) en España. Son los dos extremos de la realidad, que se han visto afectados de forma muy desigual por la crisis económica.

Atendiendo al Informe de Cáritas, el aumento de solicitudes de ayuda en los servicios de acogida se ha incrementado en un 104,7% desde 2007, es decir, se ha más que duplicado. Se habla también de un fenómeno de “cronificación y empeoramiento”, que ha dado lugar incluso a una nueva categoría social, la que conforman aquellas familias hasta entonces visiblemente integradas “que se han visto súbitamente atrapadas por la espiral de un paro de larga duración y la insuficiencia de la protección social, recurriendo por primera vez a recursos asistenciales”. Es decir, no hablamos ya del pobre de toda la vida sino que a él se han sumado en dificultades muchas otras personas con problemas de empleo, alimentación o vivienda.

En lo relativo a la vivienda, la mayoría de los casos son debidos a deudas en los alquileres, impago de recibos y de hipotecas (que provocan desahucios de la vivienda habitual). Así, cada vez es más patente la necesidad de regular el actual sistema financiero e hipotecario, que promueve la desigualdad y multiplica los embargos y los riesgos de exclusión. En este sentido, ADICAE (que ha colaborado con Cáritas en diversos campos, entre ellos la formación de técnicos en la defensa de los consumidores en asuntos hipotecarios) lleva tiempo denunciando la alta presión a que se está sometiendo a los consumidores y las condiciones abusivas que bancos y cajas han impuesto en sus hipotecas, y que ahogan a muchas familias, empeorando aún más si cabe la difícil situación en que se encuentran inmersos por la crisis.

Hacen dinero a costa de los ciudadanos

Mientras tanto, en 2010, la mayor parte de las grandes fortunas personales españolas continuaron incrementándose, según datos de la revista Forbes, que puntualmente realiza listados de los más y mejores en casi cualquier categoría. Así, por ejemplo, mientras la plantilla de Inditex se rebelaba por los bajos salarios y las precarias condiciones laborales, Amancio Ortega (su fundador), sumaba otros 7.000 millones de dólares a su fortuna, que ahora alcanza los 31.000 millones de euros. Otro ejemplo podemos encontrarlo en Emilio Botín, presidente del Banco Santander, cuya fortuna asciende ya a 1.500 millones de euros, mientras miles de consumidores se ven atrapados por el Fondo Banif Inmobiliario.

En cuanto a los altos sueldos de los directivos de la Banca, llaman la atención también los 5,3 millones de euros que se embolsó Francisco González, presidente del BBVA, el año pasado, mientras asfixiaba la economía de decenas de miles de familias a través de las abusivas cláusulas suelo y de productos tóxicos como los swaps. Por su parte, Rodrigo Rato ganará 10,15 millones de euros anuales como directivo de Bankia, entidad que ha impuesto 2 euros de comisión a los clientes cuyo saldo medio no supere los 2.000 euros y que además ha recibido ayudas por parte del bolsillo de todos.

La crisis no afecta a todos por igual

Datos como ése reafirman lo que ya es un hecho: la crisis no tiene los mismos efectos en todo el mundo, sino que son los ciudadanos de a pie quienes más la están pagando, los más afectados por esta situación pese a no haber sido los causantes de la misma. Y, mientras tanto, los bancos y las grandes fortunas, muchas de ellas en manos de ejecutivos bancarios, siguen amasando dinero y lamentándose (encima) porque ganan menos de lo que ganaban, tratando de vendernos esto como si de pérdidas se tratase y haciéndonos pagar el desaguisado.

Por si esto fuera poco, las grandes fortunas siguen sin gravarse especialmente y beneficiándose de la inexistencia del Impuesto sobre el Patrimonio, que fue retirado en 2006, así como de las ventajas de
tributación que suponen otros elementos financieros como las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), que pagan solo un 1% del Impuesto de Sociedades frente al 30% que afecta (al menos, en teoría) al resto de empresas. Y decimos “en teoría” porque según el último informe de la Agencia Tributaria, en la práctica, la recaudación media es del 9,9% de los beneficios que obtienen las sociedades, frente al 11,5% que aportan los hogares de su renta.

Los consumidores pagan más que los empresarios

Y todo esto sin tener en cuenta las cifras de fraude hechas públicas en este mismo informe, según las cuales la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en el último año, lo que supone el 71,8 por ciento del fraude total en España.

Es decir, no solo cobran más y sufren menos la crisis, buscando la forma de pagar menos por el Impuesto de Sociedades dentro de la legalidad, sino que además los que más tienen son los que menos cumplen con sus obligaciones de pago a Hacienda. Una muestra más de la mala política de ingresos fiscales existente actualmente en nuestro país, que además contribuye al déficit público español por el que luego se ahoga a los bolsillos de los pequeños consumidores. Algo en lo que tiene buena parte de la culpa también el rescate a los bancos hecho por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que ha desembolsado un total de 9.000 millones de euros.

Dirán algunos que también se ha destinado buena parte del erario público a pagar a los desempleados. Y así es, pero hay que tener en cuenta que estas ayudas (la justicia social, que determina a su vez la sostenibilidad y la cohesión social) están recogidas en nuestras Leyes y en la Constitución, no así el rescate a la Banca, que se trata más de una cuestión de facto por su poder y su vinculación con el resto del entramado económico, que han hecho necesario rescatarlos por temor a las consecuencias y posibles repercusiones.

¿Qué se puede hacer?

En este escenario, la redistribución de las rentas y la reforma del sector y la legislación financiera y fiscal (hipotecas abusivas, cobro de comisiones…) que privilegia a unos pocos es cada vez más urgente y necesaria. No podemos dejar que la crisis la sigan pagando los pequeños consumidores, mientras las grandes empresas y los ejecutivos de los Consejos de Administración siguen amasando dinero a costa de los abusos a los ciudadanos.

Entre las medidas que podrían empezar a paliar esta situación se encuentra, entre otros impuestos, el aumento de la tributación de las SICAV, de forma que su contribución fiscal se acerque más al Impuesto de Sociedades y dejen de tener privilegios solo por tratarse de “empresas de ricos”. En este mismo sentido, actuaría un impuesto a las grandes fortunas así como el incremento de los tramos y el tipo máximo del IRPF y una mayor persecución del fraude. Medidas éstas que han sido también, en su mayor parte, recogidas por el Movimiento 15-M y que la propia ADICAE lleva tiempo defendiendo.

A éstas, habría que añadir también el Impuesto sobre transacciones bancarias, que ya está estudiando aplicar la UE, y respecto al cual habrá que estar atentos para vigilar la competencia y que no cargue al consumidor, así como un Impuesto sobre remuneración a altos ejecutivos y el Impuesto de Sucesiones revisado y actualizado, de tal forma que atienda también a la situación económica del consumidor y no solo a la cuantía de lo heredado.

Finalmente, en lo que respecta al sistema financiero, se hace urgente una reforma hipotecaria, en la que la única solución eficaz es la exigencia inmediata de paralizar los procesos judiciales de embargo ya que el desahucio sólo surge tras una sentencia judicial firme de un procedimiento de ejecución hipotecaria. En este sentido, ADICAE ha propuesto “STOP embargos”, una moratoria de tres años que ya está en marcha en otros países, como Hungría.