Consumidores frente a la crisis

Uno de los muchos debates que está provocando la crisis económica y financiera en su actual fase (la deuda pública de los Estados), es la del papel de los servicios públicos y quienes los gestionan. Los mercados financieros (los bancos prestamistas internacionales que han financiado a los Estados) exigían una reducción del déficit público (diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta). De esta manera, el Gobierno ha aligerado el déficit en las cuentas del Estado a base de recortar gasto público. Este es el contexto en el que surge el debate y en el que hay que defender unos servicios sociales amplios y justos… y una administración pública eficaz y comprometida que no caiga en el corporativismo y la desidia.

Hay muchas perspectivas para entender el gasto social. Desde transferencias sociales como las pensiones y las ayudas a las familias; los servicios públicos como la sanidad, la educación; los servicios de ayuda a las familias; los servicios sociales; la vivienda social; la reducción de las desigualdades sociales o las intervenciones normativas y sancionadoras para proteger al trabajador y a los consumidores. Nuestra administración requiere reformas en varios frentes: trámites obsoletos, descoordinación, lentitud, trabas, mejora de la eficiencia, etc. Y se unen anomalías que han lastrado un desarrollo sano de la función pública: exceso de “asesores” de organismos públicos y cargos políticos, el parque automovilístico y otros gastos de “escaparate”, etc., son aspectos que deben ser superados. Con estas actitudes y comportamientos sobreburocratizados, el Estado social se ha ido alejando de la ciudadanía.

NO CONFUNDIR EL DEBATE

Es importante recordar que quienes encabezan el ruido de una “reforma del sector público” son muchas grandes empresas. Su objetivo no es la necesaria racionalización administrativa, sino asaltar el espacio público, privatizarlo y obtener beneficios a corto plazo, pagándolos quien pueda. Sobre las bondades de la “liberalización” en nuestro país, basta mirar las cifras anuales de reclamaciones de los consumidores en sectores como la telefonía o el sistema financiero. Fuera de nuestras fronteras, el fracaso de la privatización de la red eléctrica en California, de France Telekom, etc. Son ejemplos de que privatizar no es sinónimo de mayor eficiencia, y mucho menos de servicio al ciudadano, como pretenden vendernos.

El avance democrático se basa en que los derechos se apliquen de verdad y no sean sólo declaraciones formales sino servicios efectivos. ¿Quién no desea que el derecho a la vivienda o la protección al consumidor sean algo más que meras declaraciones de principios, siendo los más castigados con la burbuja especulativa que hemos padecido?

UN GASTO SOCIAL JUSTO ES UNA NECESIDAD PARA EL DESARROLLO

Reducir costes en gasto social significa, entre otros aspectos, menos profesores y, por tanto, menos formación en capital social y humano (ahora que se demanda tanta inversión en
Investigación y Desarrollo); significa también menos médicos y equipamientos sanitarios, un riesgo para nuestra salud: un retraso de meses en las listas de espera para hacer una prueba puede ser fatal para un paciente.

Cuando pidamos una reforma del sector público hay que distinguir el grano de la paja. España se gasta mucho menos en su Estado del bienestar de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita es ya el 94% del promedio de la UE-15, pero el gasto social por habitante es sólo un 74% del promedio de la UE-15. España gasta 66.000 millones de euros menos de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene.

HAY QUE EXIGIR MÁS COMPROMISO A QUIENES EJERCEN FUNCIONES PÚBLICAS

Además del irracional y burocrático desempeño de la función pública en muchas ocasiones, hay otras cuestiones que deben acometerse. La primera es la de estimular, de los órganos administrativos y del personal que lo desempeña, un compromiso por su labor que trascienda el mero corporativismo y suponga una verdadera defensa de lo público. Esto significa apertura a los ciudadanos, defensa de los más débiles frente a los poderosos, voluntad de no complacencia y capacidad de autocrítica. El Banco de España es un ejemplo de estos vicios: en su labor comprobamos una peligrosa complacencia, cuando no descarado apoyo a
la Banca en detrimento de los consumidores.

Y en segundo lugar, es necesario acabar con el conchaveo entre funciones públicas y privadas en un determinado sector. Suele ser habitual que quienes realizan una labor pública acaben trabajando en una empresa privada, lo que puede convertir su labor en una sospecha de interés particular nada deseable. Es en el ámbito financiero donde se ha practicado ese doble juego con mayor intensidad: Pilar González de Frutos, de directora general de Seguros a presidenta de su patronal; Gloria Hernández, de la Dirección General del Tesoro a Banco Pastor; Miguel Crespo, de abogado del Estado y ex secretario de Estado de Economía entre 2000 y 2004 a secretario general de Caja Madrid, etc.

QUE APAREZCA LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

Para combatir el peligroso distanciamiento entre ciudadanía y servicios públicos es necesario radicalizar el carácter democrático del Estado social. No se trata sólo de “reformar”, sino de impulsar la transformación con mayor presencia de la base social. Hay que superar la simplista identificación entre lo público y lo estatal. No debemos caer en la tentación de “hablar de más o menos Estado”, sino del tipo de Estado que queremos, un Estado que cuente de manera decidida con la ciudadanía organizada. De lo contrario el riesgo de pasividad y falta de participación real puede provocar una descomposición política y social muy grave.

En definitiva, debe construirse un nuevo espacio público, que no sea un mero dispensador aséptico de servicios y que cuente, en mayor o menor grado, con la participación ciudadana a través de las organizaciones sociales afectadas directamente por su funcionamiento. Un “modelo social mixto” que comprometa a la ciudadanía en la gestión y defensa de estos servicios, contribuiría a organizar activamente a la ciudadanía y la sacaría de su pasividad consumista y acrítica. Ese es el camino y la lucha, como se está demostrando en el Movimiento 15M.