Carlos Arjona: «En defensa de los consumidores cabe la acción colectiva, que sólo necesita que los jueces se atrevan con ella»

La última sesión del Foro de Defensa Colectiva de los Consumidores que ADICAE ha celebrado este martes en el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid ha vivido la intervención del abogado miembro de los servicios jurídicos de ADICAE, Carlos Arjona. El letrado ha llevado a cabo una encendida defensa de la acción colectiva como elemento clave para la defensa del consumidor y para la anulación no sólo de posibles cláusulas abusivas, sino también de contratos basados en este tipo de cláusulas.

Carlos Arjona recuerda el origen de las prácticas abusivas en el sistema financiero, una forma de contratación basada en la confianza, en la familiaridad del comercializador, que actuó por el interés de la entidad financiera fingiendo servir al del consumidor. Ello conllevaba «la comisión de prácticas abusivas, y el establecimiento de cláusulas abusivas, que son conceptos diferentes que, sin embargo, provienen de un fenómeno similar, el de las irregularidades cometidas por la banca en su proceder».

«Tenemos cláusulas abusivas, y una práctica generalizada a la hora de comercializar productos con esas cláusulas de manera generalizada, por lo que la acción colectiva cabe perfectamente para defender a los consumidores», dice Arjona. «La cuestión es si el contrato puede subsistir sin esas cláusulas. A veces sí, por ejemplo con cláusulas de contratos hipotecarios. Incluso en lo referente a cláusulas suelo; si se deja de aplicar el límite, y se devolviera también lo cobrado de más, la hipoteca puede seguir viva».

En el caso de las preferentes es diferente, explica Arjona, pues implica la existencia de cláusulas abusivas básicas en la propia comercialización de suscripciones, sin cuya presencia no habría contrato. Lo que implica que la propia cláusula abusiva era elemento fundamental de estos contratos, así que no sólo la cláusula es nula, sino todo el contrato, que no puede seguir sin ella. Además, esto debe declararse para todos los que han firmado ese producto, por lo que cabe una acción colectiva, que sólo necesita que los jueces se atrevan con ello.